A parte de sacar imagenes para Google Maps, el google car es un espia que extrae y almacena datos de cualquier red wifi abierta.
La organización Privacy International ha reaccionado con dureza al conocer el mecanismo con el que los coches Street View de Google captaban datos de las redes WiFi abiertas que encontraban en su camino. "El estudio establece, más allá de la duda razonable, que Google tiene la intención de interceptar y almacenar sistemáticamente el contenido de las comunicaciones", explica la ONG en un comunicado. La organización alega que, en consecuencia, la compañía podría verse envuelta en enjuiciamientos penales en casi la totalidad de los 30 países en los que ha utilizado el sistema.
Los detalles sobre la forma de captar los datos se han conocido a través de una auditoría externa encargada y hecha pública por la propia Google. En ella se detalla que el programa utilizado en los coches de Street View, que en apariencia sólo tomaban imágenes a pie de calle para ilustrar los mapas de la compañía, recogía el contenido que circulaba por las redes WiFi no protegidas y procedía a su almacenaje. "La auditoría revela intención delictiva por parte de la compañía [...] Es el equivalente a colocar una grabadora en un teléfono sin consentimiento", responde PI.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha bloqueado los datos que captaron los coches de Google en España y los está analizando. Si su investigación administrativa demostrase que Google ha violado la ley, la Agencia impondría una sanción a la compañía. Las investigaciones que se están llevando a cabo analizan, entre otros aspectos, los procedimientos y métodos por los que han sido captados y almacenados los datos, así como su tipología y la finalidad para la que han sido recabados.
"Si preparas una aplicación para la interceptación de datos, parece clara cuál es la intención. Es prácticamente imposible que Google no captara información de carácter personal", explica el abogado especializado en protección de datos Samuel Parra. Además de las sanciones que pudieran derivarse de la investigación de la AEPD, Parra establece una vía alternativa que hace referencia al artículo 197 del Código Penal. Este detalla penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para aquel que "intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o [...] de cualquier otra señal de comunicación". El abogado explica que cualquier ciudadano podría iniciar este procedimiento. La fiscalía, por su parte, también podría actuar de oficio contra Google en el caso de hallar indicios de delito.
Google siempre ha argumentado para defenderse que no había intención de delinquir, ya que ni siquiera tenía conocimiento de estos hechos. Según la compañía, un ingeniero introdujo sin permiso las instrucciones de recopilación de datos en el software de los coches, una situación incomprensible para el director de la AEPD, Artemi Rallo. "Google no puede alegar un error tecnológico cuando es la principal empresa de tecnología del mundo", declaraba días después de que el escándalo se hiciera público. Privacy International también duda de esta explicación, afirmando que la captación de datos "va más allá del error individual que promueve Google".
Mediante un escueto comunicado en su blog oficial, Google insiste en que la recopilación de datos se debió a un error y que continúan trabajando con las autoridades para dar respuesta a sus preocupaciones.
